lunes, 20 de julio de 2009

Chávez apunta a la propiedad privada


La Ley de Propiedad Social abre la puerta a nuevas expropiaciones de bienes y empresas - El proyecto prevé la militarización de los trabajadores estatales.



La publicidad consume cada vez más segundos del programa televisivo dominical del presidente venezolano, Hugo Chávez, desde que se ha propuesto hacerse con el control de los medios de producción del país, bien creando "empresas de producción social" o confiscando empresas privadas "capitalistas". "Tome refresco de Uvita para ser padre a los 100 años". "El que no tenga un Vergatario [teléfono móvil fabricado por la telefónica estatal, nacionalizada hace dos años] es un cero a la izquierda". "Use el Guayuquito [un pañal desechable fabricado por el Estado] para que se vea el carajito [niño] más bonito".

El Gobierno venezolano ha emprendido un viraje hacia la economía socialista y el último paso ha desatado todas las alarmas: se trata del proyecto de Ley de Propiedad Social, que abre la puerta a nuevas confiscaciones de empresas y bienes y que, según cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales, permitirá al Ejecutivo arrasar con la propiedad privada.

En el último año, Chávez ha convertido a más de 12.000 firmas contratistas de la estatal Petróleos de Venezuela en "empresas de producción social", gracias a la entrada en vigor de una nueva Ley de Contrataciones Públicas y a la aprobación, en mayo de este año, de una ley que reserva al Estado todos los negocios vinculados a la explotación de hidrocarburos. Por decreto o mediante expropiaciones, el presidente venezolano también ha ordenado la nacionalización del sector eléctrico, de las telecomunicaciones, de la metalurgia, de la industria del cemento, de plantas procesadoras de alimentos y de tierras para la siembra y la ganadería. Su última gran compra fue la de la filial venezolana del Banco Santander, que otorga al Estado el dominio del 25% de las captaciones de la banca nacional.

Si bien la Constitución establece la posibilidad de que el Estado declare la utilidad pública y expropie una propiedad, la revolución desea ir más allá en los supuestos que justifican la medida. El proyecto de Ley de Propiedad Social, en el que trabaja desde abril la mayoría oficialista en el Parlamento, faculta al Gobierno a "declarar la utilidad pública y el interés social de bienes, materiales e infraestructuras que se determinen susceptibles de ser declarados de propiedad social, para asegurar, mediante la producción socialista, la satisfacción de las necesidades sociales y materiales de la población". El borrador de la ley también establece que el Ejecutivo "podrá decretar la expropiación forzosa, mediante justa indemnización", de los bienes "cuya actividad productiva no se corresponda con los intereses nacionales y el modelo socioproductivo".

El proyecto ha despertado una gran inquietud. Las encuestas recientes, incluso las encargadas por el Gobierno, reflejan que más del 70% de la sociedad venezolana apoya la existencia de la propiedad privada y rechaza las medidas confiscatorias del Gobierno.